Durante el gobierno de la Presidenta Bachelet, surgió una iniciativa que buscaba ser el pilar frente a los malos resultados de la educación: la ley de Subvención Escolar Preferencial, SEP.

Esta ley buscaba mejorar la educación de los llamados “alumnos prioritarios”, mediante la entrega de recursos adicionales para los alumnos clasificados en esta categoría. Las Escuelas debieron desarrollar un Plan de Mejoramiento Educativo (PME), donde colocaban las acciones con las cuales iban a mejorar el aprendizaje de los estudiantes, asociando gastos a las iniciativas a desarrollar.

Suena bien, pero en la realidad, nuevamente se puso la “carreta delante de los bueyes”, y el 2008 se lanzó la iniciativa sin tener definido su formato de funcionamiento, capacitados a los sostenedores y equipos directivos, ni claridad de la forma de uso de los recursos. Parecido al Transantiago, ya que la carga se ha ido arreglando en el camino, y todavía no funciona de manera adecuada.

El 2008 se les dijo a las Escuelas: hagan un PME, pueden gastar en ciertos ámbitos, y con ello tienen que mejorar la calidad en la educación. Nadie entendía nada, ni sabían cómo hacer el PME ni menos los gastos.

La realidad del sistema educacional, especialmente del Municipal, dictaba otra cosa. Existieron, y todavía se presentan, diversos problemas que no se han podido mejorar:

-       Gestión de los recursos a través de Chilecompra, que colapsaron las ya precarias condiciones de funcionamiento de las direcciones de educación en los municipios.

-       Ítem de gasto que no podían ser ejecutados, como la contratación de personal de apoyo al aula o profesionales destinados a mejorar el ambiente educativo, como sicólogos o asistentes sociales. Recién este 2012 se podrá contratar personal con recursos SEP, siendo que la ley se empezó a implementar el 2008.

-       Entrega de recursos frescos a municipios quebrados, que se han visto tentados de utilizarlos para otros fines que no sean los comprometidos en la ley SEP. De acuerdo a información publicada por el diario La Segunda en su edición del 12 de abril de 2011, la Contraloría pide explicaciones a municipios por millonario desvío de fondos destinados a educar a los niños más pobres. En este reportaje se señalan problemas administrativos en las comunas de San Bernardo, Pudahuel, San Miguel y Punta Arenas.

Si queremos mejorar la educación pública, no basta con profundizar el actual sistema de subvenciones, se requiere una transformación que priorice realmente la educación pública, y donde los dineros destinados permitan sustentar realmente las necesidades de los establecimientos y no depender de la competencia subvencionada ni la asistencia diaria, lo cual permitirá una gestión enfocada realmente en la calidad educacional. |